Por un lado, la legislatura saliente dejará pendientes nombramientos en varios de los organismos autónomos, mismos que deberá resolver la próxima legislatura. Por el otro, está la iniciativa, ya dictaminada, que busca desaparecer a algunos de ellos bajo el argumento de que “no le sirven al pueblo” y que sólo son “gastos superfluos” para el Gobierno, como ha sostenido en diversas ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Los organismos constitucionales autónomos (OCAs), cuestionados por sus altos costos y opacidad, llegan a un nuevo Gobierno incompletos en su integración, debido a los nombramientos que siguen pendientes, y en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Cofece, IFT, CRE, Coneval, CNH y Mejoredu, con la incertidumbre sobre su desaparición, como se propone en una de las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo.
Por un lado, la legislatura saliente dejará pendientes nombramientos en varios de los organismos autónomos, mismos que deberá resolver la próxima legislatura. Por el otro, está la iniciativa, ya dictaminada, que busca desaparecer a algunos de ellos bajo el argumento de que “no le sirven al pueblo” y que sólo son “gastos superfluos” para el Gobierno, como ha sostenido en diversas ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista con SinEmbargo, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, destacó que actualmente hay varios organismos autónomos en los que se tienen vacantes pendientes de asignar e indicó en que la reforma propuesta por el Ejecutivo federal afecta particularmente a el INAI, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a la Comisión reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
“Eso hace a las instituciones que abarca la reforma de simplificación administrativa, y adicionalmente hay otras vacantes, por ejemplo, en el Comité de Participación Ciudadana hay una de cinco integrantes, y esto porque el comité de selección que tendría que llevar a cabo el proceso está toda desierta, es decir, no cuenta con ninguna mínima de sus nueve integrantes que tendría que ser”, añadió Checa Gutiérrez.
El Presidente López Obrador ha reiterado en varios ocasiones que organismos como el INAI, el IFT o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se “crearon para proteger a particulares y afectar el interés público” y que desaparecer se ahorrarían alrededor de 100 mil millones de pesos al año, aunque consideró que se necesita una “buena reforma administrativa” para trasladar los organismos autónomos a las secretarías de Estado.
Por ello, en este momento existe un ambiente de incertidumbre en los nombramientos que se requieren en estos organismos autónomos. Uno de los que pasa por esta situación es el INAI, en el que está pendiente el nombramiento de dos comisionados, que se encuentran vacantes, uno desde marzo de 2022 y otro desde abril de 2023. Esto, luego de que el pasado 12 de marzo, el Senado emitió nuevas convocatorias para la elección de comisionadas o comisionados de las vacantes del pleno del INAI,
Este hecho retrasó el proceso nuevamente a un año de que el Instituto se quedara sin quórum requerido para sesionar, con sólo cuatro comisionados. Por ello, en mayo pasado, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, afirmó que existe un “abierto incumplimiento” por parte del Senado de la República para designar a los dos comisionados faltantes del INAI.
De acuerdo con la resolución, la Juzgadora detalló que el plazo de elección concluyó el pasado 15 de diciembre de 2023, por lo que no se han definido los puestos que sustituyen a Francisco Acuña Llamas y de Rosendoevgueni Monterrey Chepov. “La Cámara de Senadores se encuentra en abierto incumplimiento de la resolución dictada en el presente asunto”, señaló la Ministra en un acuerdo del pasado 21 de mayo.
“El plazo que se le otorgó para tal efecto concluyó el 15 de diciembre de 2023, sin que a la fecha ya se hayan realizado los nombramientos correspondientes, aspecto que se valorará al momento de fincar las responsabilidades constitucionales a que hace referencia el último párrafo del Artículo 105 constitucional, así como los artículos 46 y 49 de la Ley Reglamentaria de dicho precepto”, añadió.
Fue el 6 de diciembre de 2023, cuando el pleno del Senado de la República votó dos nuevas ternas para nombrar a las o los comisionados del órgano de transparencia, los cuales siguen pendientes al no alcanzar los votos requeridos. “Hay tres designaciones pendientes en INAI, dos de ellas desde abril de 2022, y una en 2023, igual, el 1 de abril”, recordó la Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también está pendiente el nombramiento de 10 integrantes del Consejo Consultivo. Seis de estas vacantes están relacionadas con las renuncias que se presentaron en octubre de 20123, las cuales se sumaron otros cuatro nombramientos que estarían por otorgarse, lo que ha propiciado que el Consejo Consultivo de ese organismo se encuentre fuera de funciones.
“El consejo consultivo de la Comisión no está funcionando y vale la pena advertir que para este próximo periodo que ya va a iniciar, para esta nueva legislatura, se tendrá que decidir si se ratifica o no a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a un segundo periodo o más bien se elige otro perfil, eso se tendría que definir a más tardar a principios de noviembre antes de que ella termine esta responsabilidad y seguramente también va a ser toda una discusión”, detalló Checa Gutiérrez.
En octubre de 2023, a través de de una carta dirigida a las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, respectivamente, miembros del Consejo Consultivo de la CNDH notificaron su renuncia debido a presuntas obstrucciones operativas por parte de la presidenta del organismo, María del Rosario Piedra Ibarra.
Las y los integrantes del Consejo señalaron que, a pesar de que la Ley establece que el CNDH contará con un Consejo para el mejor desempeño de sus responsabilidades, a lo largo de los dos años en que han laborado en dicha instancia, “ha sido desdeñada de forma reiterada por su presidenta, aduciendo que la Ley no la obliga a aceptar ninguno de nuestro consejos”, a pesar de que algunos de ellos hayan sido formulados por unanimidad en favor de los derechos humanos.
“De forma sistemática ha obstaculizado nuestro trabajo llegando al extremo de ignorarnos por completo, amenazar y calumniar a algunas personas integrantes del Consejo. No sólo en los espacios de éste órgano ciudadano, sino utilizando para ello los recursos personal y en los medios de la CNDH, incluyendo sus redes sociales”, explicaron.
El Observatorio de Designaciones Públicas también tiene registrado que en el IFT hay tres vacantes pendientes de asignar. Mientras que varios órganos reguladores también faltan nombramientos por asignar. “Por ejemplo, en el caso que no son órganos autónomos sino estos órganos reguladores con una personalidad descentralizada, se encuentra la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene una vacante y la CRE tiene dos vacantes de siete. Digamos”, dijo Marcia Checa.
Uno de los organismos que más conflictos ha afrontado por esta situación es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde está pendiente el nombramiento de dos magistrados, situación con la que este organismo especializado se enfrentó a la pasada elección presidencial y que provocó diversas polémicas, ya que los comicios del 2 de junio el TEPJF llegó sólo con cinco magistrados, de los seis que se requerían para calificar la elección.
Esto, luego de que un mes antes de ese 2 de junio, el Senado cerró sesiones sin nombrar a los integrantes que hacían falta. Por lo que se nombró a una magistrada sustituta, con quien se completó el quórum del TEPJF para validar la elección presidencial. Fue el 18 de julio, cuando se dio a conocer que Claudia Valle Aguilasocho sería la sexta Magistrada que participaría en la calificación de los comicios en los que resultó triunfadora Claudia Sheinbaum Pardo.
“En sesión privada celebrada al mediodía de este jueves, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó llamar a la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho para participar en el proceso de calificación y validez de la elección presidencial. Por mayoría, el pleno del TEPJF consideró que la Magistrada Valle Aguilasocho reúne la mayor antigüedad tanto en la Magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación”, explicó en ese momento el TEPJF en un comunicado.
De acuerdo al máximo Tribunal en materia electoral del país, con dicha nominación “se cumple con lo establecido en el Artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece un quórum de seis magistraturas para poder sesionar en la calificación de la elección presidencial”, detalló el Tribunal.
A esta situación se suman los nombramientos pendientes de seis magistraturas regionales federales: una vacante por cada sala regional y una vacante en la sala especializada. “Hay cinco vacantes, una en cada una de las salas regionales, es decir una sala que corresponde a cada una de las circunscripciones, además de la sala especializada. En total, dan seis”, detalló la Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas.
Esta organización también informó a SinEmbargo que tienen contabilizadas 48 vacantes en los tribunales estatales. No obstante, el dato podría ser impreciso, ya que esta información la obtienen de los dictámenes del Senado de la República. “De las magistraturas o de los tribunales en los estados, nosotras registramos que hay 48 vacantes”, dijo la coordinadora del Observatorio.
“Sólo que es un dato que estamos confirmando, porque nuestra información es con base en los dictámenes que ha sacado el Senado sobre estos procesos, y de ahí nos salen 48 vacantes. Hicimos una solicitud de información también al tribunal electoral y a los tribunales para que nos pudieran precisar y todavía no nos responden. Pero nosotras registramos al momento 48 vacantes”, añadió.
Respecto a la aprobación de la reforma que busca desaparecer a los organismos autónomos, Checa Gutiérrez calificó como “grave” en que se avalen esos cambios, ya que, explicó, esto violentaría el derecho de los ciudadanos, en el caso particular del INA, al acceso a la información pública y a la protección de datos personales, además de que, alertó, el país retomaría un modelo [con el que se reemplazaría al INAI] que, sostuvo, no funcionó en el pasado.
“Al final nos parece sumamente grave que se concretara la desaparición del INAI, no en términos del instituto sino en términos del derecho a saber de las personas que tenemos, porque ha sido una evolución progresiva de este andamiaje y lo que nos parece es que su desaparición al final implica quitarle a la ciudadanía una herramienta muy poderosa para poder controlar y fiscalizar el poder, qué es lo que están haciendo, cuáles son las decisiones que se están tomando, cómo están haciendo uso del recurso público”, dijo.
“Al trasladarle estas funciones a la Secretaría de la Función Pública, en realidad regresamos a un modelo que se tuvo antes, que mostró muchas limitaciones, mostró muchas limitaciones porque al final sólo abarca la esfera del Poder Judicial, porque está subordinado, esta Secretaría, a la propia presidencia, entonces, al estar subordinado, difícilmente va a decir a la propia presidencia que abra cierta información en caso de que se niegue”, agregó.
“Regresamos a un esquema donde estas decisiones van a presentar mucho conflicto de interés y lo que va a hacer al final es que estaremos en un escenario de mayor opacidad, de mayor secrecía, sin mayores elementos para que se protejan los derechos de acceso a la información y protección de datos personales que tenemos todos”, reiteró la Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas.
Checa Gutiérrez también aseguró que cuentan con cifras que demuestran que en la actual Administración federal ha incrementado más del 100 por ciento las negativas de acceso a la información, por lo que invitó a la Cámara de Diputados a analizar la reforma y a anteponer el derecho a la información de la ciudadanía. “Nos parecería muy lamentable esta aprobación [de la reforma que busca desaparecer los organismos autónomos]”, expresó.
“Lo que hemos visto es que hay una tendencia de no entregar información, de declararla reservada, al menos en esta administración ha aumentado 125 por ciento las negativas de información y lo que hacemos las personas cuando las autoridades no nos quieren entregar los datos que solicitamos es recurrir al INAI, un mecanismo que se creó de manera más cercana y ágil, para que respondan, y más del 90 por ciento de estos recursos de revisión que se han presentado, el INAI ha resuelto a favor de las personas”, afirmó.
“Invitaríamos a que la Cámara de Diputados pueda anteponer a las personas en el centro de esta determinación, que pueda estar consciente y actúe en función de las obligaciones que tienen como legisladores y como representantes, y no a favor de un partido político, no a favor de una estrategia para cambiar un régimen, que pinta por ser más opaco, con mayor presencia militar, con mayor concentración y esa concentración del poder siempre genera abusos arbitrariedades y en ese escenario con menos mecanismos de la sociedad para participar, para hacer un escrutinio efectivo de lo que hace el Gobierno”, concluyó.
